Salvador Navarro (CEOE): “Es inexplicable que, tras la dana, Valencia sea un campo de batalla político”

Este jueves se cumplen siete meses de la terrible dana que el pasado 29 de octubre acabó con la vida de 224 personas y destruyó numerosas localidades, la mayoría en la provincia de Valencia. A esto hay que sumar el daño económico a una región con un tejido industrial conformado principalmente por pymes, las cuales luchan por volver a la normalidad con el apoyo de unas administraciones públicas que se han enzarzado en una batalla política, con el telón de fondo de la investigación judicial abierta contra el Gobierno valenciano de Carlos Mazón (Partido Popular) por su papel durante la tragedia y la desaparición durante horas del president el día de la dana.

“Lo primero que necesitamos es que las administraciones sean capaces de llegar a una entente y ponerse de acuerdo, que es lo que quiere la ciudadanía. Ha habido momentos en los que cada gobierno parecía más centrado en ver quién hacía llegar mejor y antes las ayudas a los afectados. Es inexplicable que la Comunidad Valenciana y en concreto Valencia sean un campo de batalla político”, ha indicado el vicepresidente de la CEOE y presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, Salvador Navarro, durante su intervención en el Foro CREO 2025, organizado por Cinco Días y Prisa Media, donde sin embargo ha alabado la rápida actuación de algunos estamentos del Estado como Fomento, que está dentro del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Navarro ha compartido mesa con Francisco Pérez, director de Investigación del Ivie y catedrático emérito de la UV, quien ha explicado que el impacto económico “no se mide por el PIB”, sino por la gran cantidad de activos destruidos, que se cifran en más de 17.000 millones de euros. “Más allá de la desgracia personal, este es el balance que hemos hecho, ahí es donde está la mayor consecuencia negativa de la inundación. El tamaño de esa destrucción tiene que ver con la limitación de las medidas de prevención y en particular de las infraestructuras de protección en materia hidráulica”, ha dicho Pérez.

“La magnitud de las amenazas climáticas ha aumentado, así como la exposición, ya que en los últimos 70 años fue cuando se construyeron la mayor parte de los activos dañados, de los cuales se sabía que estaban en zonas inundables. Esto podría ser contenido por actuaciones de mitigación, pero cabe recordar que cuando llegó la gran recesión en 2008, una de las variables principales de ajuste de unas cuentas públicas en peligro fue la inversión pública y en particular la de infraestructura. En el caso de la provincia de Valencia se pasó de un ritmo de inversión de unos 200 millones a una inversión de 50 millones, un 75% menos. Y esto sigue así”, se ha lamentado el catedrático. “Esto va a volver a pasar”, ha alertado en esa misma línea Navarro, que ha pedido más inversiones hídricas y una reflexión para mejorar los protocolos de emergencia y las relaciones entre administraciones y perjudicados cuando ocurren sucesos como este.

A su vez, ambos ponentes se han quejado de la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, algo reconocido por el propio Estado, como consecuencia del obsoleto modelo de financiación autonómica que ningún gobierno se atreve a modificar desde hace ya varias legislaturas. “Los valencianos nos sentimos ciudadanos de segunda porque los dos principales partidos políticos, el PSOE y el PP, que se han alternado en el poder, no son capaces de abordar este problema”, ha dicho Navarro.

Por último, Pérez ha alertado de “la lentitud” con la que están llegando las ayudas públicas a las zonas afectadas, algo que se está “ralentizando aún más” con el paso del tiempo. “El esfuerzo económico [realizado por la administración] está siendo importante, pero lo que ponemos en cuestión es que de los 16.000 millones anunciados, solo el 9% son ayudas directas. La reposición del inmovilizado tiene IVA, ¿eso va a cobrarlo el Gobierno?”, se ha preguntado, por su parte, Navarro. El presidente de los empresarios valencianos, a su vez, se ha lamentado de que ya “se ven muchas persianas nuevas”, en relación a los locales que ya han recibido ayudas, “pero vacíos”, sin clientes. “La recuperación va a tardar mucho”, ha advertido.

Previamente a esta mesa, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también participó en el foro donde hizo mención a la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, algo que no dejó pasar por alto el vicepresidente de la CEOE. “Hay muchas empresas que ya funcionan con las 37,5 horas, pero hay un grupo de empresas de servicios y pymes a las que se les ayuda o va a ser imposible [su viabilidad], porque no podrán trasladar al precio de venta el sobrecoste que supone esta medida. Si queremos ganar en productividad, el tema del absentismo también es muy importante”, ha reflexionado el empresario.