Acciona vende un parque eólico en Perú y afronta su junta en pleno temporal por el ‘caso Cerdán’

El grupo Acciona ha encontrado comprador para su parque eólico peruano San Juan de Marcona en medio del temporal ocasionado por su aparición en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sustenta el caso Cerdán. Este versa sobre el presunto amaño de contratos de obra pública entre 2018 y 2021, con la supuesto reparto de mordidas al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, y un papel relevante en la organización de la trama del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, lo que también sobrevuela la junta de accionistas que la compañía de la familia Entrecanales celebrará mañana en Madrid.

La filial Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo con la energética peruana Luz del Sur para traspasar el citado activo eólico por un valor que podría alcanzar los 253 millones de dólares (unos 218 millones de euros), a lo que se sumarían ajustes de caja. El parque eólico San Juan de Marcona, de 135,7 megavatios (MW) de potencia y activo desde finales de 2023, se encuentra libre de deuda.

Acciona ha señalado que la operación de desinversión, la primera desde que estallara el escándalo de supuesta corrupción en el entorno del PSOE, el Ministerio de Transportes y varias constructoras, está sujeta a condiciones como la aprobación por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). La previsión que maneja la española es que transacción se cierre antes de final de año.

El traspaso de este parque eólico, uno de los más relevantes de Perú, se enmarca en la estrategia de rotación de activos de Acciona Energía, dirigida “a la cristalización de valor y al mantenimiento de un sólido perfil crediticio”, ha señalado la compañía a través de un comunicado.

El presidente, José Manuel Entrecanales, afronta mañana jueves una junta de accionistas del grupo de infraestructuras y energía en la que se da por descontado que hará una defensa a ultranza de la integridad de Acciona. Además de tratar de limpiar su imagen, la empresa busca tranquilizar a los fondos de inversión que mantiene en su accionariado. La UCO ha reunido indicios que apuntan hacia el pago de 600.000 euros en mordidas, y 450.000 que estaban por abonar, por la obtención de cinco contratos ferroviarios y de carreteras por un valor superior total a los 500 millones de euros. Ese trabajo, adjudicado por Adif y por la Dirección General de Carreteras, es compartido principalmente con Ferrovial, pero la investigación se está centrando en la pequeña constructora navarra Servinabar, en la relación de esta con Santos Cerdán, y en la actuación de quien fue director de Acciona Construcción para Navarra y La Rioja, Fernando Merino.

Acciona tiene abierta una investigación interna sobre los cinco contratos que señala la UCO y de los que ha requerido información a la propia empresa y al Ministerio de Transportes. Las adjudicaciones en cuestión son el soterramiento de la red ferroviaria en la ciudad de Murcia (158,8 millones de importe de adjudicación); la ejecución de la plataforma del Corredor Mediterráneo en el tramo Pulpí-Vera (121,2 millones de euros); la construcción del tramo Arrúbal-Navarrete de la autovía A-68, en La Rioja (92,4 millones); obras en el puente sevillano del Centenario (102,8 millones) y la ejecución de la integración del ferrocarril en Sant Felui de Llobregat (62 millones).

Dividendos

El encuentro con los accionistas previsto para mañana jueves tiene lugar en uno de los momentos más delicados en la historia reciente de Acciona. El orden del día incluye la aprobación de la gestión del consejo de administración y la reelección de tres miembros independientes: Sonia Dulá, Maite Arango y Carlo Clavarino.

También se someterán al voto de la junta de accionistas las cuentas de 2024 y el reparto de 288 millones de euros en dividendos, con el pago de 5,25 euros brutos por acción previsto para el próximo 10 de julio, frente a los 4,89 euros distribuidos el año pasado. En relación con los sistemas de control de la compañía, se espera la renovación de KPMG como auditora para este 2025.

Los asesores de voto ISS, Glass Lewis y Corporance ya han recomendado a los accionistas el rechazo a la nueva política de remuneraciones que trata de sacar adelante la empresa y a las retribuciones pagadas en 2024. La actual política salarial fue aprobada en la junta de junio de 2022 para el trienio que va de 2023 al cierre de 2025. Y el consejo lleva ahora a la junta un nuevo esquema de remuneraciones para el trienio 2026-2028 que califica de continuista.

El presidente José Manuel Entrecanales percibió 7,78 millones de euros el año pasado, mientras que el vicepresidente, Juan Ignacio Entrecanales cobró 2,99 millones de euros. Se trata de cifras cercanas a la obtenidas en 2023, con 7,43 y 2,88 millones, respectivamente. Con un capital flotante en el que se encuentran fondos como Norges, BlackRock, Vanguard y Amundi, un 36,59% de ese free float votó en contra del informe de remuneraciones de la cúpula el año pasado.