La Audiencia Nacional ordena la busca y captura de Al Qubaisi por la reventa de la Torre Cepsa

El juez de la Audiencia Nacional que ha investigado la reventa de la Torre Cepsa se ha cansado de que Khadem Al Qubaisi, expresidente de la petrolera española que da nombre al edificio, siga en paradero desconocido y no haya declarado en la causa. En un auto de pase a procedimiento abreviado, con el que las pesquisas que han durado casi siete años quedan concluidas, el magistrado José Luis Calama ha ordenado la busca y captura del empresario, investigado por blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en relación a la plusvalía de casi 100 millones de euros que logró con la venta del edificio a Pontegadea, la inmobiliaria de Amancio Ortega, solo 24 horas de haberla adquirido. La orden también ha sido acordada para Naser Mohammed Almur Alzaabi, considerado su testaferro.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, subraya en su resolución que las órdenes nacionales, y que se pueden extender a nivel europeo e internacional si la Fiscalía da su apoyo, son fruto de la falta de colaboración de las autoridades judiciales de Emiratos Árabes, a las que se ha reclamado en varias ocasiones la localización de ambos investigados para poder tomarles declaración. “Ha brillado por su ausencia. A pesar que hemos hecho todo lo posible para recabar su colaboración, lo cierto es que nos hemos encontrado con un muro de silencio”, dice el auto.

Por otro lado, el juez Calama ha emplazado a la Fiscalía a “actuar con carácter inmediato” y presentar una demanda de decomiso para que el Estado español sea el destinatario de los 34 millones de euros bloqueados a las sociedades Muscari, que fueron utilizadas por el expresidente de la petrolera española para llevar a cabo la operación investigada, así como los inmuebles en Marbella, Estepona y Madrid, y otros bienes como cuadros incautados.

“No se puede permitir que estructuras societarias de naturaleza fiduciaria —creadas a través del departamento de ingeniería financiera de la banca Edmond Rothschild— sean las destinatarias de tales bienes pues el propietario real de las mismas no es otro que el investigado Kadhem Al Qubaisi, persona sobre la que convergen importantes indicios de criminalidad de estafa internacional, blanqueo de capitales y delito fiscal”, reza la resolución.

El rascacielos diseñado por el arquitecto Norman Foster pertenecía a Bankia hasta que en 2013, un año después de su nacionalización, se deshizo del segundo edificio más alto de España, situado en la zona empresarial de Madrid conocida como las Cuatro Torres. La modalidad elegida fue un contrato de arrendamiento con opción a compra firmado con Muscari Property, la compañía neerlandesa utilizada para la operación, que concluyó en 2016 por el total de 400 millones de euros. No obstante, un día después el empresario revendió el inmueble a Pontegadea, incrementando su importe hasta 490 millones de euros.

Para llevar a cabo la compra del inmueble, Muscari solicitó los 400 millones a Bankinter, que prestó la cantidad pese a que el que fuera presidente de Cepsa (rebautizada como Moeve) entre agosto de 2011 y abril de 2015 —cargo al accedió tras tomar el control de IPIC (ahora Mubadala), el fondo soberano de Abu Dabi, que entonces era el máximo accionista de la petrolera— se encontraba con los fondos bloqueados en su país por el escándalo financiero que supuso el desfalco del fondo soberano malasio 1Malaysia Development Berhad (1MDB). El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) sancionó con 8,2 millones de euros a la entidad bancaria en 2020 por el incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales, sanción que se encuentra recurrida en la Audiencia Nacional.

Mientras tanto, la investigación se inició en junio de 2018, a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que sospecha que detrás de la plusvalía de Al Qubaisi hubo un blanqueo de capitales. Ahora, tras revisar las comisiones rogatorias a Luxemburgo, Singapur y Malasia, y después de haber tomado declaración casi a una treintena de testigos, entre los que se encuentran el expresidente de Bankia y posteriormente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri; el exconsejero delegado de la entidad, José Sevilla; y la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, el juez instructor ha concluido que hay claros indicios de que fue lo que ocurrió.

Según indica el magistrado en el auto que se ha dado a conocer este lunes, el empresario árabe “creó y utilizó instrumentalmente sociedades ad hoc para el blanqueo de capitales obtenidos a través de negocios jurídicos delictivos cometidos fuera de nuestro país”. Asimismo, apunta que Al Qubaisi eludió las obligaciones fiscales derivadas de la obtención de ganancias obtenidas con la operación inmobiliaria, ya que no las tributó en el ejercicio de 2016.

Por estos hechos, el juez Calama ha acordado el archivo de la causa para otras cuatro personas investigadas, sobre las que no ha encontrado la existencia de un “enlace preciso y absolutamente necesario del conocimiento” de la operativa diseñada para el blanqueo de capitales, si bien ha acordado seguir el procedimiento contra el empresario árabe y su testaferro.