Las comercializadoras de luz plantean ya una tasa a sus clientes por el coste extra de evitar otro apagón

La seguridad reforzada del sistema eléctrico tenía un precio. Menos de un mes después del gran apagón nacional, algunas comercializadoras de luz independientes están ya planteando un recargo a sus clientes para trasladarles un coste que se ha disparado desde el pasado 28 de abril.

Así lo confirma al menos una de estas comercializadoras, que asegura que ya la pasada semana firmó un importante contrato de luz con una empresa en la que añadió a la letra pequeña del mismo una suerte de tasa antiapagón.

Y no es un caso aislado, varias comercializadoras más también se están planteando imponer este recargo a sus clientes después de ver cómo la seguridad reforzada del sistema eléctrico ha metido en pérdidas su cuenta de resultados, señalan fuentes de estas compañías dedicadas a la venta de electricidad.

Red Eléctrica decidió cambiar su operativa desde el fundido a negro en toda España, el peor incidente del sistema en toda la historia, que aún se está investigando y del que todavía no se conocen oficialmente las causas ni los responsables.

Esta operación reforzada de la que habla tanto el operador del sistema como el Ministerio para la Transición Ecológica ha disparado los costes, ya que ha hecho necesaria una mayor participación de tecnologías de respaldo (hidráulica, ciclos combinados de gas o nuclear), en lo que se denomina como mercados de ajuste o restricciones técnicas.

Estos costes que asumen las comercializadoras se han duplicado desde el apagón, una situación totalmente imprevista y que hace que muchas comercializadoras estén asumiendo un gasto que posteriormente no pueden repercutir a sus clientes, lo que está generando un problema financiero de primera magnitud en muchas de estas empresas.

Dicha preocupación ha sido comunicada por carta tanto a Red Eléctrica como al Gobierno desde las empresas particulares y desde ACIE, la asociación que agrupa a muchas comercializadoras independientes, sin que por ahora hayan recibido respuesta.

Esta preocupación también se ha trasladado de viva voz. En el Comité de Agentes de Mercado celebrado en la sede de Red Eléctrica la pasada semana, varias comercializadoras preguntaron a los responsables del operador del sistema hasta cuándo podría durar esta situación. La directora del operador del sistema, Concha Sánchez, fue tajante y aseveró que la operación con la seguridad reforzada se mantendrá hasta que sea necesario, señalan fuentes presentes en dicho cónclave.

Con la incertidumbre sobre el coste de los mercados de ajuste, estas compañías aseguran que no les queda más remedio que pasar a la acción y tomar medidas, como trasladar el coste a sus clientes.

Las empresas creen que es más complicado añadir letra pequeña en los contratos de clientes particulares, con lo que están optando por subir el precio de sus ofertas y cobrar más caro el megavatio en las renovaciones, con el riesgo de pérdidas de clientes que ello implica.

Pero en los lo que se conoce como mercado B2B, clientes empresariales, ya están advirtiendo en los contratos que la empresa asume un coste de los mercados de ajuste de alrededor de 12 euros por MWh, y todo lo que exceda esa cantidad será repercutido a final de mes. En mayo, el mes posterior al apagón, este coste se elevó hasta cerca de 25 euros y en momentos puntuales está superando los 30 euros por MWh.

Las comercializadoras independientes lamentan que después de haber sufrido las consecuencias de la crisis energética en 2022 y 2023, que provocó quiebras y pérdidas de clientes por la tensión financiera, ahora vuelven a ser los grandes damnificados del apagón.

En este sentido, señalan que si la operación reforzada de Red Eléctrica se mantiene por mucho tiempo, el coste extra será de miles de millones de euros. Unas cantidades que ya están pagando los casi 10 millones de clientes en la tarifa regulada, PVPC, cuya factura ya se ha encarecido al menos cuatro euros, y que tarde o temprano acabarán pagando los otros 20 millones de consumidores eléctricos.

Dicho sobrecoste destinado a la seguridad reforzada del sistema, el “antibiótico de amplio espectro” como lo describió la vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, irá a parar a los propietarios de la generación tradicional. Es decir, las grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa y Naturgy. En el mercado señalaban que Repsol también se estaba planteando incluir este recargo antiapagón, dada su condición de comercializadora de luz, pero desde la empresa descartan la medida y aseguran que no trasladarán ningún coste extra a sus clientes por la situación actual. La firma está enfocada en aumentar su cartera de clientes eléctricos y además cuenta con ciclos combinados de gas y generación hidráulica, tecnologías que ahora está logrando mayores ingresos por aportar estabilidad al sistema en el mercado de restricciones técnicas.

Las comercializadoras también se quejan de la opacidad en esos mercados secundarios donde ahora están entrando más las tecnologías tradicionales y están pidiendo mayor transparencia para conocer mejor cuáles son los costes a los que están teniendo que hacer frente.

Respecto de esta cuestión, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, resta importancia al extracoste por la subida de las restricciones técnicas y asegura que pese a todo la factura es más barata este mes de mayo que el 85% de los meses desde 2019, periodo en que se ha producido una pandemia y una crisis energética. Además, asegura que la operación reforzada representa el 35% del coste en el mercado de ajustes, con lo que no toda la subida se puede achacar a dicho modo de seguridad que ahora aplica Red Eléctrica.

Fuentes de las comercializadoras creen que una de las soluciones ante el creciente coste de los servicios de ajuste en los últimos años -que se produce por la fuerte penetración de renovables en el mix de generación- pasa por trasladar dicho gasto a los peajes (otro concepto regulado de la factura) desde el término de energía. Esto ya le ha sido transmitido a la CNMC en las consultas públicas de mejora que ha realizado el supervisor en los últimos meses. Consideran que al tratarse de un gasto que depende de la gestión del operador del sistema, debería ir a los costes regulados del mismo.