MasOrange cierra el ERE con 609 salidas, 41 menos de las pactadas con los sindicatos

MasOrange ha cerrado la ejecución de su expediente de regulación de empleo (ERE) con un total de 609 salidas, lo que supone 41 menos que las 650 acordadas con los sindicatos en la negociación, según ha informado UGT en un comunicado. De este modo, el ajuste laboral se salda con un total de 473 salidas voluntarias y 136 despidos forzosos. La reducción de la afectación final del ERE en MasOrange se conoce tan solo un día después de que se hiciese pública la sentencia de la Audiencia Nacional que avala tanto el ajuste como los acuerdos alcanzados entre la empresa y los sindicatos UGT y Fetico, que fueron impugnados por CC OO y USO.

Respecto a las condiciones, los trabajadores que han salido de la empresa voluntariamente reciben una indemnización en la horquilla de entre 47 y 34 días por año trabajado (47 días hasta enero de 2012 y 34 días desde esa fecha), con un límite de 24 mensualidades. Para los despidos forzosos, la cuantía se rebaja a 45 y 33 días, respectivamente. Estas compensaciones se complementan con una prima de enganche para los voluntarios de 3.000 euros para aquellos empleados con una antigüedad menor a los ocho años; de 8.000 euros, para los que llevan entre 9 y 12 años; y de 15.000 euros para los que trabajan desde hace más de 12 años en la empresa.

En cuanto a las prejubilaciones, se han podido acoger a esta opción las personas de 56 y 57 años con antigüedad igual o superior a 9 años; y las de 58 a 62 con antigüedad igual o superior a 5 años. A todos ellos, se les abona el 80% del salario regulador, que se obtendrá de la suma del 100% del salario fijo más el 50% del variable. Hasta los 63 años se les abonarán las cuotas de la Seguridad Social de acuerdo con el convenio especial (CESS). Los mayores de 63 años perciben el mínimo legal de 20 días y 12 mensualidades. Todas las indemnizaciones tienen un tope de 300.000 euros.

Como complementos no salariales, se abona el seguro médico durante dos años y la dirección se compromete a no realizar otro ERE hasta el 30 de junio de 2026, si bien esta cuestión está supeditada a que “no haya motivos económicos o estructurales graves” que puedan motivar un nuevo proceso de despido colectivo en la compañía. Además, la empresa proporciona un plan de recolocación para los afectados por el ERE, sin límite temporal, dirigido al 100% de las personas que se han adscrito, gestionado a través de la empresa Right Management de Manpower.

División sindical

En el inicio de las negociaciones, la empresa planteó que la voluntariedad sería el primer criterio de aplicación del ajuste, originalmente para un total de 795 empleados, pero sin garantizar que todas las salidas serían voluntarias. Este asunto de la voluntariedad causó una profunda división entre los sindicatos desde el comienzo de las negociaciones con la empresa el pasado mes de septiembre. Al final, tras un mes de conversaciones, el acuerdo fue respaldado por los representantes de UGT y Fetico y rechazado por los de CC OO, los únicos tres sindicatos que estaban sentados en la mesa de negociación. Otras fuerzas sindicales como USO, CGT y ELA, aunque ausentes de las negociaciones, también se posicionaron en contra del acuerdo pactado con la empresa.

Las principales causas del rechazo eran que no se garantizaba la voluntariedad “total” de todas las salidas y que las condiciones económicas para las indemnizaciones de los despidos y las prejubilaciones eran inferiores a las del último ERE aplicado por Orange en 2021. UGT lanzó un duro comunicado en el que acusaba a CC OO y USO de “traicionar a la plantilla”, puesto que sus delegados sindicales se han apuntado al ERE “mientras de boquilla lo rechazan y fuerzan a que nadie se apunte”.

Por su parte, CC OO y USO denunciaron que muchos de los trabajadores que se apuntaron eran “voluntarios forzosos”, y que si no se cubrieron las 650 salidas de manera voluntaria se debía a las malas condiciones económicas que ofrecía la empresa. Finalmente, estos dos sindicatos llevaron el asunto a los tribunales pidiendo la nulidad del proceso. Entre esos motivos de nulidad que esgrimían estaba la “conformación artificiosa” del grupo de empresas, la incorrecta composición de la comisión representativa de los trabajadores y la mala fe en la negociación. Pero la Audiencia Nacional rechazó los recursos.